Un total de 36 mujeres resultaron electas para el Congreso 2016-2021. Serán 26 de Fuerza Popular, 4 del Frente Amplio, 3 de Peruanos Por el Kambio, 2 de Alianza Para el Progreso y 1 del Apra. Estas son, hasta el momento, las nuevas congresistas: 

Mujeres en el Congreso 2016

FUERZA POPULAR (26):

Cecilia Chacón

Ursula Letona

Lourdes Alcorta

Milagros Salazar

Luz Salgado

Leyla Chihuán

Yeni Vilcatoma

Paloma Noceda

Sonia Echevarría

Liliana Takayama

Yesenia Ponce

Betty Ananculi

María Cristina Melgarejo

Tamar Arimborgo

Maritza Carla Jiménez

Marita Herrera

Karina Beteta

Rosa Bartra

Patricia Donayre

Lizbeth Robles

Karla Schaefer Cuculiza

Esther Saavedra

María Aramayo

Nelly Cuadros

Gladys Andrade

Estrella Bustos Espinoza

FRENTE AMPLIO (4):

Marisa Glave

Tania Pariona

Indira Huilca

María Elena Foronda

PERUANOS POR EL KAMBIO (3):

Mercedes Araoz

Janet Sanchez

María Choquehuanca

ALIANZA PARA EL PROGRESO (2):

Marisol Espinoza

Gloria Montenegro

APRA (1):

Luciana León

ACCIÓN POPULAR (0)

Planes de gobierno y políticas públicas para la Igualdad de Género

Si tuviéramos que hacer una evaluación, a modo de balance, general primero y después entrar en los detalles, sobre la propuesta de los partidos políticos en lo referente a la dimensión de género en sus planes de gobierno, afirmaríamos que esos planes tuvieron en su formulación la decisión de plantear un escenario programáticamente favorable a la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 

Para manejarnos en un marco general en primer lugar, tenemos que saludar que por primera vez en la historia de una competencia electoral con tan amplio número de participantes (inicialmente 19): el hecho de que 17 partidos políticos de un total de 19 hicieran propuestas de género a favor de la promoción de la mujer.

Esto no tiene precedentes, ya que en anteriores procesos el número de estas propuestas fue menor, en lo que ha sido el desarrollo programático o “la formulación programática” en favor de políticas de género, más bien, ya que en el debate esta dimensión estuvo fuera de la agenda, no siendo considerada prioritaria su inclusión como tema de debate para el amplio público (aunque si se realizaron 2 eventos públicos) y ello se mantiene así a pesar de estar ad portas de la Segunda Vuelta electoral.

Es un hecho destacable que se hayan plasmado positivamente y de manera explícita propuestas en favor de las mujeres, y/o en favor de la equidad y de la igualdad de género. Y un segundo elemento a resaltar es el cumplimiento de la cuota de género, que ha superado largamente el 30%: según los informes iniciales que nos ofrecieron tanto el JNE como Transparencia, los que evidenciaron una participación del 39% de mujeres en las 19 listas iniciales de candidatas en todo el país, siendo el mayor número de mujeres el de provincias (39%) y en un número menor las mujeres de Lima (34%). Estamos ante un record numérico de presencia femenina en la postulación.

Es indudable que esto se redujo en los números y porcentajes finales, por la exclusión de la plancha de Acuña y la de Guzmán, y el posterior retiro de la lista de su grupo, y por el total de las 9 listas de los grupos que se retiraron antes de la elección en primera vuelta. Quedaron 10 planchas presidenciales y 9 listas congresales. El dato global de participación femenina, pese a ello, supera lo que sería el piso del 30% y eso es lo importante.

Seguimos sin resolver los problemas más estructurales, es decir, si bien se cumplió con la cuota de género, incluso se superó, en lo que se refiere a la ubicación en las listas las mujeres mayormente fueron relegadas, no todas estuvieron ubicadas en el tercio superior o en la media superior de las listas de sus organizaciones políticas. Fueron muy pocas las listas en que las ubicaron en puestos preferentes. Mientras que, por ejemplo Solidaridad Nacional –UPP estableció en sus planes de gobierno la “igualdad de la participación política en las mismas condiciones” pero puso una sola mujer en el tercio superior, el Frente Amplio de Verónika Mendoza tuvo 15 mujeres en la lista por Lima y logró colocar 4 candidatas (esto es, el 50%) en el tercio superior y 50% en la mitad superior. Esta es la organización que ha estado más comprometida con la paridad, como aspiración.

No es una casualidad que cuando hubo debates por ejemplo, de Solidaridad Nacional-UPP no encontramos mujeres y en el Frente Amplio sí vimos desfilar un conjunto de candidatas como: Marisa Glave, María Ysabel Cedano, Indira Huilca; por nombrar solo algunas de las que postularon por Lima, con mayor visibilidad. 

Ningún partido cumplió con la meta de la paridad, para hablar de los déficits, y menos aún con la Alternancia de Género, que si bien no son normas aprobadas hasta el momento por el Congreso cada organización podría haber fortalecido su democracia interna aplicando voluntariamente un mandato de posición en base a la Alternancia (un hombre, una mujer) o la paridad.

Podemos decir además que la mayoría de partidos sólo consideraron la cuota, 30%, sólo lo que la ley exige, y las pusieron además relegadas en su ubicación en las listas. Este es un tema presente en casi la totalidad de las listas, hay una fuerza política –que, lamento decirlo, es la de Acción Popular- que no presentó Política Pública de Género. En su plan de gobierno no dedicó un capítulo expreso para la Igualdad de Género o a la promoción de la mujer. No debe por ello sorprendernos la no elección de parlamentarias mujeres en los resultados finales de Acción Popular. Tampoco consideraron mujeres en la plancha, repitiendo además exclusiones que ya ha producido AP en otras oportunidades

Debemos señalar que, teniendo casi todos los grupos política pública explícita, ésta respondió a enfoques diferentes. No todas estaban basadas en un enfoque de igualdad de Género, como lo contempla la política pública aprobada en Perú

El tema abordado de manera más recurrente en los planes de gobierno fue el tema de violencia de género, violencia contra las mujeres y/o violencia intrafamiliar, ninguno de los planes formulados dejó de incluir los aspectos diferentes de este tema. No todos, sin embargo, incluyeron el feminicidio, pese a que ya es una norma y un reconocimiento de hecho a partir de la sola constatación de la realidad, dolorosamente palpable cada día, mucho más en un país que tiene el lamentable 3er lugar de posición en América Latina en relación al número de feminicidios.

Se abordaron en algunos planes la violencia de género tocando el tema de los Centros de Emergencia Mujer, CEMs, ello es un salto cualitativo, porque es una problemática o una institucionalidad que antes ni siquiera se conocía.

Empleo digno y otras ausencias

Los planes presentados tienen diferentes matices para abordar el tema de políticas públicas en favor de la Igualdad de Género. Unos muy adecuadamente, como por ejemplo Peruanos Por el Kambio (PPK), que sí se rige por las políticas publicas que rigen hoy día en el Perú y plantea además la actualización del Plan Nacional del Igualdad de Género 2017-2021y también actualizar el Plan Nacional Contra la Violencia de Género.

Otros partidos plantean más bien: acciones, campañas; mas no se ubican dentro de una política estatal marco que le dé continuidad a lo que se viene haciendo. Es decir, abordan el tema con acciones como las de prevención o con campañas específicas , mas no así con programas de intervención en el marco integral de una política pública general. En resumen son muy pocos los planes de gobierno que, incorporando el tema de la violencia lo abordaron integralmente.

Llama la atención por su ausencia generalizada en los planes de gobierno presentados el tema de empleo digno o decente con enfoque de género, y ello es (o debería serlo) importantísimo. Un plan de generación de oportunidades de empleo para las mujeres es imprescindible. No podemos ignorar que la violencia de género está vinculada muchas veces a la falta de autonomía económica de la mujer, a la carencia absoluta de ingresos. Esto es urgente, sobre todo en un contexto en que se está buscando la flexibilización laboral, la desregulación de las relaciones laborales, ya que el esquema principal en que se mueven los viejos programas que quieren promover alguna lógica en el empleo, tienen que ver, en la mayoría de los casos, con debilitar a las organizaciones sindicales, desproteger al trabajador, reducir los costos laborales; en suma, flexibilizar laboralmente en base al sanbenito de los sobrecostos laborales.

En ese contexto quienes más se perjudican son las mujeres, más desprotegidas en el empleo dada su mayor presencia en el empleo precario y no formal. Las mujeres que se ubican en las pequeñas, medianas y micro empresas, PYMES y MYPES, tiene limitadas oportunidades. Hay un contingente gigantesco de mujeres en el comercio ambulatorio y en otros sectores del empleo, por ejemplo en el servicio doméstico, las trabajadores del hogar que en un 95% son mujeres. El no abordaje de estos temas específicos perjudican a la mujer, no en lo laboral genérico, sino en lo laboral específico para mujeres y para las PYMES y MYPES. Es una prioridad que no fue planteada.

Son muy pocos grupos políticos los que abordaron el tema de la inequidad salarial o la sobrecarga de trabajo, tema que no se plantea en los referidos planes, salvo honrosas excepciones. No se habla de estrategias de responsabilidades familiares compartidas y menos aún de temas como el Sistema Nacional de Cuidado, incipientemente abordado en el plan del Frente Amplio. Recién vemos que se toca la problemática laboral pero limitada al tema de la CTS o el seguro de desempleo.

Un gran vacío también fue el tema de autonomía en términos políticos, la Alternancia de Género, el tema de la Paridad, el tema de la necesaria ampliación de participación de las mujeres en la política y de una mayor presencia en los altos cargos de poder decisorio, la democracia participativa en los gobiernos locales y regionales. Todo ello está ausente o poco abordado en la mayoría de los planes de gobierno presentados.

¿Y el Plan Nacional de Igualdad de Género?

En términos de una propuesta para mejorar la institucionalidad, la gobernabilidad, la búsqueda del bienestar ciudadano a través de la implementación de políticas públicas para la Igualdad; hay asuntos que me parecen destacables. Y debemos partir justamente de los déficits a subsanar en relación a la autonomía económica de las mujeres, el empleo, los emprendimientos económicos, el crédito barato, las oportunidades de gestión de las pequeñas empresas, la comercialización, el mercado, la necesidad de cerrar la brechas de inequidad salarial y la autonomía física y política.

Se requieren propuestas más articuladas, integrales, y no limitarse a un listado de acciones inconexas.

Si uno compara los planes de gobierno en materia económica, en materia de diversificación productiva, en materia de política ambiental; en ellos sí se ve mayor desarrollo, articulación, más coherencia y avances en los enfoques. No así en los enfoques o políticas públicas referidas a la dimensión de género.

La política de igualdad de género más íntegramente abordada y aprobada en el Perú se encuentra explícitamente aprobada en el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 (PLANIG). Este fue ignorado en la mayoría de planes de gobierno presentados, lo que nos hace presuponer que la mayoría de los formuladores de políticas de los equipos de gobierno lo desconoce.

Debe hacerse una actualización del PLANIG 2017 – 2021 y resulta imprescindible que el MIMP presente su evaluación a medio término, ya que debe culminarse en el 2016 y se encuentra pendiente desde diciembre del 2015.

No encuentras integrados dentro de los grandes planes de rectoría temas como trata, tráfico de personas, violencia, que están actualizados. Para el caso de la política pública de género el Perú ha contado con dos Planes Nacionales de Igualdad de Oportunidades, desde el 2000 hasta el 2010 (PIO 2000/ 2005 y PIO 2005/ 2010), y en el 2011 se formuló en un proceso participativo nacional, regional y sectorial el Plan Nacional de Igualdad de Género PLANIG 2012-2017. Muy pocos grupos políticos se plantearon actualizarlo hasta el 2021, pero sí lo hicieron Peruanos Por el Kambio y el Frente Amplio, evidenciando un conocimiento de las políticas públicas rectoras del sector.

Más recursos y menos discursos

¿Y cuál es el gran ausente? El presupuesto público del Mimdes.

Ninguno de los 17 planes de gobierno abordó ni reflexionó, ni menos hizo explícito en torno a un tema tan sensible como el presupuesto del MIMP, porque necesitamos “más recursos y menos discursos”. El piso económico que tiene el Ministerio de la Mujer dentro del presupuesto público, 0.25%, es absolutamente marginal para la dimensión de las tareas que debe abordar. 

En el 2012 se le redujo el 82% de su presupuesto público para crear el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), pero no sólo eso, si bien es cierto se fue incrementando la asignación progresivamente desde el 2012 hasta el 2015 y al MIMP se le aumentó un 0.85% para su partida del 2016; el presupuesto público nacional creció 6.6%. Esto te habla claramente que la igualdad de género no fue un tema prioritario en la agenda pública del actual gobierno. La ausencia de abordar esta problemática presupuestal se evidencia también en los planes presentados en la actual contienda electoral.

Un presupuesto público razonable para sacar adelante una política en favor de las mujeres y la igualdad de género representaría por lo menos duplicar progresivamente este 0.25% al 0.50%, hasta llegar al 2% en el 2021.

Además estamos ante otro problema: si bien es cierto el Ministerio de la Mujer tiene un mandato de transversalidad en relación a todos los sectores, es decir, el sector educación tiene que invertir en asuntos género y el sector salud igual, y el sector justicia ídem, y así sucesivamente, los reportes de seguimiento del cumplimiento de la Ley de Igualdad de oportunidades (LIO) y el PLANIG, que nos presenta la Defensoría del Pueblo año a año constatan y dan cuenta, con estadísticas y cifras económicas en la mano, que en las acciones de género de los otros ministerios se ha gastado solo el 0.7% en favor de políticas de igualdad y que los gastos en relación a la equidad de género en las 25 regiones han representado el 1% en la política de igualdad, como promedio regional.

Hay un déficit en este sentido. Se avanza en la formulación de lineamientos, indicadores, mecanismos de seguimiento, instrumentos de normatividad en diversos niveles (nacional, sectorial y regional); pero se convierten en letra muerta ya que no se logra alcanzar a invertir volúmenes más significativos en esa transversalidad, para que el Estado pueda superar el actual 0.7%. No es falta de recursos en esos espacios, sino que no hay un lineamiento, pero sobre todo no hay voluntad política que adecúe esa transversalidad en cada sector. Lo que se ha avanzado en educación por ejemplo, con la erradicación del analfabetismo femenino es nada, porque ya tenemos indicadores regresivos en esa materia.

No se encuentra en los planes de gobierno elementos fundamentales como son los de educación y salud. No se dice nada sobre combatir, erradicar, reducir por lo menos el analfabetismo femenino que llega al 25% aún en algunos departamentos, es decir, la tasa nacional ha bajado significativamente a 6.5%, se ha movido entre 6 y 7%. Sin olvidarnos en ningún momento que el analfabetismo femenino sigue siendo el triple en relación al masculino (3/10).

Tenemos en Apurímac, en el sector salud, hasta un 17% de embarazos en adolescentes, en niñas entre 12 y 13 años; que tendría que ser una problemática fundamental a priorizar. Tenemos en el caso de Pucallpa índices que superan 30% de embarazos en adolescentes de niñas entre 12 y 13 años (en muchos casos consecuencia de una violación) que representarán reproducción de pobreza, e impunidad. A ello hay que sumar la grave tasa de mortalidad materna. Ninguno de estos aspectos se ha abordado en los planes de gobierno (salvo de manera muy genérica en algunos casos) y este gran ausente vinculado al abordaje de la “materia presupuestal” para el sector. Repetimos, no existe en ninguno de los planes de gobierno presentados ante el JNE.

Debería llamarnos la atención, ya que el Perú tiene más de 15´545,000 mujeres. No incluirlas en los planes de gobierno es un grave error, ella es una gran ausente como ciudadana con ejercicio al voto. A nivel de votación son más las mujeres que votan que los varones.

No debe ser incluida solo en su calidad de víctima, o de carenciada, o de pobre, sino en su calidad de ciudadana con plenos derechos.

¿Por qué lo que es racional en una situación de esa naturaleza no lo es para la clase política? Porque estamos ante problemas más estructurales, es decir, hay medidas que son menos transformadoras, como el tema de atender a la mujer en su calidad de víctima: atiendes a víctimas de la violencia doméstica, que es muy importante y urgente hoy día, porque la violencia de género dejó de ser un tema privado para convertirse en un asunto público; pero no estamos en los temas más transformadores, mas estratégicos, que tienen que ver con los derechos, y no solo con las necesidades básicas insatisfechas (no requieren solo: agua, luz o calaminas ) sino con la mujer como ciudadana.

Esta mujer, ciudadana peruana, tiene intereses estratégicos con el ejercicio efectivo y pleno de sus derechos en diferentes dimensiones: física, económica, política; con disputar el poder, con la conducción púbica, con el ejercicio de sus funciones en los altos cargos de poder decisorio. Eso aún en los planes no ha sido puesto como centro de su política, ni tampoco el conjunto de sus autonomías.

A nivel municipal se ha avanzado mucho en el tema de las leyes regionales, en particular a través de las ordenanzas municipales o regionales. Pese a este avance el poder aún se concentran en las principales autoridades: el gobernador, el alcalde; autoridades mayoritariamente masculinas, con niveles altísimos, un 97.5 %.

La representación política de la mujeell en las regiones es mínima: tenemos una presidenta (gobernadora) regional (antes no fue así, ya que hemos llegado a tener 4 presidentas regionales : en Tumbes, en Moquegua, en Apurímac y en Huánuco). Desde el 2002/2006 hemos tenido 4 presidentas regionales. Estamos ahora en el 2016, en una cuenta regresiva, porque tenemos una presidenta sólo en Arequipa y a nivel municipal no superamos el 2.5% de alcaldesas provinciales y distritales. En donde tenemos la mayor masa crítica es a nivel de las regidoras (con menor poder decisorio) en el que superamos u 28%, acercándonos a la cuota, pero siempre teniendo como referente a la cuota como piso (o mas bien para la concepcion de algunos varones, como techo).

Al nuevo Congreso (un fujicongreso) electo en la primera vuelta el 10 de Abril tenemos que exigirle un compromiso para la atención de una agenda legislativa en favor de la Igualdad de Género.

Este debe ser nuestro norte: la Alternancia, la Paridad, la presencia femenina en los altos cargos de poder decisorio, la Ley Contra el Acoso Político, las reparaciones integrales para las víctimas de las Esterilizaciónes Forzadas y para las víctimas de distintas formas de violencia durante el conflicto armado, la atención a las personas con discapacidad (grandes ausentes en los planes de gobierno, dicho sea de paso pobres en materia de derechos humanos), las políticas favorables a la diversidad sexual, la despenalización del aborto por violación y la equidad salarial, entre otros asuntos a priorizar y demandar, en el marco de la conquista de Desarrollo con equidad, Democracia plena y Derechos integrales e irrenunciables.

(*) Ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social