(María Isabel Rosas Ballinas, desde Estudio Rosas Ballinas Abogados)  Son los juicios de alimentos los que constituyen un porcentaje mayoritario de los procesos judiciales en el Perú, un elevado número de los mismos tiene como causa el incumplimiento de la obligación alimentaria por parte de los padres, por ello en su mayoría, tales procesos son impulsados por mujeres quienes, debido al rol que tradicionalmente se les adjudica en la familia, como es el cuidado y crianza de los hijos, resultan siendo en estos casos las más afectadas.

El derecho de alimentos comprende e implica a su vez una serie de derechos fundamentales, como son la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la educación y la recreación. Todos ellos derechos humanos igualmente esenciales cuya vigencia y pleno ejercicio corresponde al Estado garantizar.

Sin embargo, en la actualidad no son pocos los obstáculos que deben enfrentar las mujeres que demandan judicialmente una pensión de alimentos para sus hijos. Todavía permanecen vigentes normas discriminatorias e inconstitucionales que vulneran la naturaleza y racionalidad de este derecho. Las dificultades surgen incluso a nivel procesal, en el que continúan produciéndose dilaciones innecesarias y la exigencia, en la práctica, que la demandante asuma la carga de la prueba, lo que muchas veces representa un impedimento para acceder a la justicia.

De ahí que resulte impostergable efectuar una profunda revisión a la actual legislación, tanto sustantiva como procesal, referida a este derecho a fin de adecuarla a las verdaderas necesidades de los beneficiarios, identificando los obstáculos que se presentan en los procesos judiciales y, finalmente, formulando propuestas de reformas legislativas que contribuyan a que los alimentistas logren pensiones dignas y en plazos razonables.