(María Isabel Rosas Ballinas, abogada feminista, ex Viceministra de la Mujer) Las infelices declaraciones del congresista Juan Carlos Eguren, evidencian el escaso conocimiento y sensibilidad que algunos legisladores tienen sobre la verdadera magnitud del problema de los embarazos producto de violaciones sexuales y sobre la necesidad de debatir de manera responsable el proyecto de ley sobre la interrupción de dichos embarazos.

En efecto, los mitos, estereotipos y prejuicios que rodean la violación sexual representan los principales obstáculos para conocer y comprender este grave problema social y su verdadera dimensión. No obstante por diversas investigaciones realizadas, en la actualidad sabemos que las violaciones sexuales no son los hechos aislados, siendo su ocurrencia mucho mayor de lo imaginado, lejos de ser perpetrados por psicópatas, la mayoría de violaciones sexuales se realizan por sujetos conocidos por las víctimas y en los lugares considerados más seguros: sus propias casas.

La violación sexual constituye una de las expresiones más brutales, dramáticas y extremas de la violencia que sufren las mujeres en el Perú, siendo las niñas y adolescentes las principales víctimas. No obstante su gravedad y consecuencias individuales y sociales, continúa siendo un asunto políticamente desatendido y socialmente tolerado lo que contribuye a que la mayoría de las violaciones sexuales se mantengan en el silencio y la impunidad, ello se evidencia en los debates que surgen frente a los distintos proyecto de ley, máxime cuando éstos se relacionan con una de las consecuencias no poco frecuentes de la violación sexual: un embarazo.

Es fundamental considerar que en esta circunstancia se presenta un conflicto de derechos y la tendencia actual se guía por una postura con la que coincidimos, la que reconoce el valor que tiene la vida en formación, pero reconoce también el valor del derecho a la dignidad humana, a la salud psíquica y física, a la autonomía y al desarrollo de la personalidad de la mujer embarazada a causa de una violación sexual, constituyendo estos últimos los valores prevalentes cuando dichos valores entran en conflicto. En muchas legislaciones a nivel mundial la valoración de la vida cierta de la gestante se antepone a la valoración de la vida en formación. La idea de que en ciertas circunstancias estos derechos deben ser protegidos, aun a costa del sacrificio de una existencia embrionaria, ya ha sido recogida por muchas legislaciones en el mundo.

El propósito de esta reflexión es que se reconozca, tanto ética como social y jurídicamente, que la violación sexual y la maternidad forzada vulneran derechos humanos esenciales en aquellas niñas, adolescentes y mujeres que fueron víctimas de tal execrable hecho y que el estado tiene la obligación de implementar políticas integrales y eficaces con un enfoque de respeto, defensa y protección de los derechos humanos de las víctimas, dándoles la posibilidad de que ellas decidan sobre continuar o no con aquella maternidad impuesta.