(María Isabel Rosas Ballinas, El Peruano, Página Editorial, 06.06.2014*)  El acoso sexual sufrido por Magaly Solier y Lorena Ruiz ha llamado la atención sobre una de las formas de violencia contra las mujeres más extendidas en nuestra sociedad, y tal vez la que menos importancia ha merecido de parte de las autoridades policiales, judiciales y políticas. 

En efecto, el acoso sexual callejero y los delitos contra el pudor son manifestaciones de la violencia dirigida contra las mujeres, las adolescentes y las niñas en su mayoría, y constituyen una forma de violencia que afecta profundamente la libertad sexual, la integridad física y psicológica, así como el derecho al libre desenvolvimiento de las personas.

Lamentablemente, existe gran tolerancia social, en particular de las autoridades policiales y judiciales, lo que lleva a la absoluta impunidad de estos actos.

El artículo 176 del Código Penal vigente sanciona los delitos contra el pudor con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de cinco, lo que significa que durante el proceso, aquellos que lo cometen podrían estar presos.

Sin embargo, en nuestra experiencia como defensoras de víctimas de agresiones sexuales, en los procesos sobre acoso sexual y delitos contra el pudor, constatamos que finalmente dichos procesos concluyen absolviendo a los agresores sexuales.

El estudio realizado por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP da cuenta de la gravedad del problema, ya que revela que 9 de cada 10 mujeres han sufrido acoso sexual en las calles.

No obstante, la mayoría de casos no son denunciados, y de aquellos denunciados, la mayoría de ellos son absueltos por “falta de pruebas”, no se valora suficientemente el testimonio de las víctimas.

En el caso de Magaly Solier existen pruebas importantes como las grabaciones, su versión de los hechos y la identificación del agresor, que además tiene antecedentes por el mismo delito.

Todo ello convertirá el acoso contra Magaly en un caso emblemático que, si es condenado, constituirá un precedente fundamental en la lucha contra esta forma de violencia.

No basta con las cámaras y alarmas, es fundamental y urgente promover la equidad de género entre los niños y las niñas en las políticas educativas, sensibilizar a la población sobre el daño que ocasiona a las víctimas, llamar la atención de los operadores de justicia a fin de que reciban las denuncias, desarrollen investigaciones objetivas y valoren los testimonios de las víctimas, y así no impere la impunidad en los casos judicializados en el país.

(*) Abogada, Feminista, Ex viceministra de la Mujer.