(Desde Montevideo, escribe Aída García Naranjo Morales) La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó el 25 de setiembre un proyecto de ley para despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación y bajo ciertas condiciones, iniciativa que ahora pasará al Senado para su sanción definitiva. El texto fue aprobado tras casi 14 horas de intenso debate por una ajustada mayoría de 50 votos a favor y 49 en contra. Los votos que lograron la aprobación del proyecto son el resultado de un acuerdo entre el Frente Amplio y el diputado Iván Posada del Partido Independiente, quien dio el voto decisivo. Dicho diputado se sumó al oficialismo, luego de transar algunas modificaciones al proyecto que fue votado en el Senado el año pasado y que no pudo ser aprobado.

La iniciativa aprobada señala que el aborto no será penalizado si la mujer cumple voluntariamente con los requisitos que se establecen en la ley durante las doce semanas de gravidez. En tal sentido, cuando una mujer indique al médico que quiere abortar, éste la derivará a un "equipo interdisciplinario" integrado por al menos tres profesionales: un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social que deberá informarle los riesgos y las "alternativas al aborto", incluyendo los programas de apoyo a la maternidad y la posibilidad de entregar a su hijo en adopción. Aquellos centros médicos que por motivos éticos y/o religiosos se opongan a la interrupción del embarazo podrán trasladar a sus pacientes, en coordinación con el ministerio de Salud Pública. Por otra parte, el proyecto determina que sólo podrán practicarse un aborto "las ciudadanas uruguayas" o "las extranjeras que acrediten fehacientemente su residencia" en Uruguay por al menos un año.

Durante la discusión del proyecto en la Cámara de Diputados, la agrupación Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) se manifestó en los jardines del Palacio Legislativo y expresó su “disconformidad” con este proyecto de ley porque obligaría a las mujeres a comparecer ante un tribunal interdisciplinario donde deberán plantear las razones por las cuales quieren abortar.

Un día antes de la votación tuvo lugar en las calles del centro de Montevideo una marcha “Por la vida” a cargo de distintas organizaciones en contra del aborto.

El Partido Nacional – a iniciativa del diputado Pablo Abdala - que votó en contra del proyecto de ley, anunció que convocará a un referéndum a través de la denominada “vía rápida”, es decir, mediante la presentación de algo más de 12,000 firmas ante la Corte Electoral, en el primer año de promulgación de la Ley.  Con esas firmas se realiza una consulta no obligatoria entre la ciudadanía, que deberá alcanzar el 25% de los votos del padrón electoral. En caso de no alcanzar esa cantidad, tienen otra oportunidad de hacerlo en un plazo inferior a 60 días. En caso de no alcanzar el 25%, la Ley quedará firme; si superan el 25% habría un referéndum, votándose afirmativa o negativamente para derogar la Ley.

En contraste, el diputado del Partido Independiente (PI) Iván Posada propondrá al resto del sistema político reformar la Constitución para introducir un artículo que permita plebiscitar la ley de despenalización del aborto sin necesidad de interponer un recurso de referéndum. En caso que la reforma no lograra la aprobación de la mayoría absoluta de  los ciudadanos que concurran a los comicios, la ley objeto de esta consulta se considerará derogada en todos sus efectos. De esta manera, según el referido parlamentario, se evitaría la obligación de someter a plebiscito la propia enmienda propuesta. Para aprobar la enmienda propuesta se necesitan dos tercios de los votos de cada cámara. Es decir que necesariamente precisa el aval de algunos votos del Frente Amplio.

Desde el Partido Colorado se respaldará la iniciativa de los blancos y se abre una gran interrogante acerca de la postura que asumirá el expresidente Tabaré Vázquez, posible candidato a la presidencia por el Frente Amplio en el 2014, quien el 13 de noviembre de 2008, durante su mandato y haciendo uso de sus facultades, vetó un proyecto que buscaba legalizar el aborto en ese entonces, de similares características al recientemente aprobado por la Cámara de Diputados.

El Presidente uruguayo José Mujica anunció que no hará uso de su facultad de vetar la ley, tal como lo hizo su predecesor Tabaré Vázquez; así lo ratificó en declaraciones a la BBC Mundo, no sin antes reconocer las profundas divisiones y posiciones encontradas que en la sociedad uruguaya genera este tema, que ha desgarrado a todos los partidos.

Para el mandatario uruguayo la despenalización no solo evitaría muertes en interrupciones de embarazos en clínicas clandestinas, sino que podría ocasionar una reducción en el número de abortos. "Todo el mundo está contra el aborto, pero si se le brinda apoyo a una mujer sola que tome esta decisión, hay quienes pensamos que muchas retrocederían"; "por esa vía se salvarían más vidas"; "legalizando e interviniendo, se puede lograr que muchas mujeres retrocedan en su decisión, sobre todo aquellas en los sectores más humildes o quienes están solas", declaró el Presidente Mujica.

Entre las voces contrarias a la despenalización, BBC Mundo mencionó la posición del expresidente y actual senador blanco Luis Alberto Lacalle, quien dijo "ser contrario por razones filosóficas, religiosas y científicas", quien recomendó "leer el veto que escribió Tabaré Vázquez, cuando impidió que un proyecto similar aprobado por el Parlamento se convirtiese en ley".

En Uruguay la cifra estimada de abortos clandestinos que se hacen por año es de treinta mil y el número aproximado de nacimientos que se registran cada año es de cuarenta y seis mil. El dilema que se plantean ahora los ginecólogos uruguayos es aquel que se refiere a los efectos prácticos y éticos que se derivan de la ley, puesto que se abre un escenario nuevo en su ejercicio profesional. Si se aprueba la ley de despenalización del aborto los especialistas ya no sólo asesorarán a las mujeres sobre las consecuencias del aborto en sí mismo, sino que tendrían que realizar el procedimiento. Al respecto el Dr. Gerardo Vitureira, dirigente de la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay, señaló que más allá del debate filosófico ‘aborto sí, aborto no’ -donde la institución no tiene una posición formal al respecto- lo que hoy preocupa al gremio de ginecólogos es el tema de la objeción de conciencia que podrá hacer cada profesional para no participar de un aborto.

26 de Setiembre del 2012